Y dijo el mandatario: si no pueden con las averiguaciones, recuerden que yo soy abogado, pero Alicia le exigió su cédula profesional.
Arturo Tecuatl
El magistrado Mario Jiménez la emprendió ahora contra el Ministerio Público, a cuyos responsables acusó de fabricar pruebas en contra del presunto proxeneta, Valentín Rojas Rojas. Este fue liberado tras un año en la cárcel al desvanecerse las pruebas aportadas por la Procuraduría de Justicia de Tlaxcala.
En el fondo, las acusaciones se dirigen al gobernador Mariano González y a su abogada de cabecera (hoy titular de la PGJET) Alicia Fragoso Sánchez. El primero exigió a los diputados locales buscar los mecanismos para llevar a los magristrados Jiménez y Francisco Flores Olayo, a un juicio político por lo que el mandatario estatal consideró una actuación alentadora de la trata de personas.
¿Por qué este reclamo no contó con el concurso de Flores Olayo?
En una entrega anterior tratamos de ir al fondo de la malquerencia de González Zarur sobre dicho magistrado. Hace años, Flores Olayo habría cobrado cientos de miles de pesos al ex gobernador Tulio Hernández Gómez, inmiscuido en un delicado escándalo suscitado en una finca de su propiedad, para no detenerlo como responsable solidario de aquél delito, ya que su hijo Fluvio, fue en quien recaería la responsabilidad.
Supongo que por ese motivo, Flores Olayo antepuso un bajo perfil al castigo del muy molesto Mariano González, quien vería en la inquietante liberación de Rojas Rojas (el supuesto proxeneta) la oportunidad de oro para que el mencionado jurista vomitase el dinero arrancado, según una buena fuente, al desventurado ex gobernador priísta de Tlaxcala.
La embestida del mandatario provocó daños colaterales. Si existía un pendiente con Flores Olayo, ahí Jiménez nada tenía que ver. Y sobrevino la reacción del magistrado, presidente de la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia. Un destacado miembro del Poder Judicial reclamando al ejecutivo local, lanzar acusaciones infundadas respecto a su comportamiento en un tema inherente solo al Judicial.
Es interesante dar continuidad al contexto de este lío recién desempacado por el mandatario estatal.
El pasado fin de semana creció en la Procuraduría el rumor de que la titular, Alicia Fragoso Sánchez, había solicitado licencia al cargo.
El dato no era erróneo pues al parecer Fragoso Sánchez, evaluó si seguía al frente de la institución o la mandaba al diablo después de lo que aconteció, y que aquí trataré de resumir:
1.- Muy molesto por el debilitamiento de su petición de juicio político a los magistrados aludidos, el ejecutivo estatal reclamaría airadamente a Fragoso la incompetencia de los Ministerios Públicos a su cargo.
2.- Dicho reclamo-regaño-maltrato, se haría acompañar de los tradicionales jalones y otras suertes de violencia, nada más y nada menos que sobre la persona de la titular del la PGJET, sostiene este rumor.
3.- Entonces se daría un intercambio de palabras; más bien de gritos, pues la abogada reclamaría a quien considera su superior por tanta presión, pese a los sueldos de miseria que perciben los ministerios públicos.
Lo que siguió fue para labrarlo en material perenne. "Dígame si no pueden con la integración de las averiguaciones, recuerde que yo soy abogado, y si no tienen la capacidad, pues entro al quite", advierto, se trata de una recreación de las versiones, abundantes pero coincidentes surgidas en la Procuraduría.
-Pero, señor gobernador -respondería la aludida- para eso se necesita contar con cédula profesional, plantearía.
Sobrevino más violencia verbal. Creo que no podía ser de otra manera pues un tema no menos candente amenazaba con salir a la luz: la ausencia de título y por consecuencia de cédula profesional.
Aun peor, ahora el de los gritos alardeaba con ser un experto en Derecho, sin duda una de las razones de peso para que los tlaxcaltecas le tengan tanta desconfianza, según la más reciente encuesta del Gabinete de Comunicación Estratégica, que lo califica con 16.8, el indicativo más bajo asignado a un gobernador del país.
Un mandatario que a estas alturas pretende ser abogado y una procuradora bajo presión, son la contraparte de Mario Jiménez, el magistrado que hoy ha iniciado la contrademanda en medios, y con facilidades mil para el desquite del poder al que pertenece, cuyo presidente Justino Hernández, ha preferido nadar de muertito en este embrollo. Debe tener razones de peso para hacerse de la vista gorda ante injerencia del ejecutivo en sus terrenos.
Otra enseñanza es que la explosividad del mandatario requiere subordinados a prueba de humillaciones, con una piel tan gruesa que soporten los arranques psicóticos del personaje al cual, pasada la crisis, invade un terrible sentimiento de culpa, mas los daños ocasionados son irreversibles.
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